jueves, 27 de febrero de 2014

Isabel Presidenta, secuestradora de voluntades

El título del post puede sonar a título de novela de suspense, pero la verdad es que es el título de un drama social y socialista.
Prácticamente desde que comenzó la legislatura la Presidenta ha ejercido un control férreo sobre la oposición. No vamos a valorar la acción del PSOE como oposición puesto que partimos de la base que la capacidad de acción de nuestros Diputados y Diputadas ha sido presa del chantaje de Isabel, que actúa a su antojo, como si la Diputación fuese su cortijo.
Lo que es evidente es que la justificación de la aprobación por parte del PSOE de los presupuestos de la Diputación ha estado supeditado a lograr un mejor reparto de los dineros por un lado y por otro al mantenimiento del gasto en aspectos sociales, cuestiones que por otro lado si considerásemos a la Diputación una institución plenamente democrática, sería impensable que la negociación fuese por esos derroteros, ya que independientemente de quien la gobernase por definición los criterios de reparto debieran ser lo más justos posibles.
Por otra parte, encontramos la falacia del poder omnímodo que posee la Presidenta para, por decreto, hacer y deshacer arbitrariamente. Se olvida esta señora que ella está ahí para representar a los ciudadanos, no a sus propios intereses, y que la oposición y la ciudadanía tienen a su alcance las herramientas que el sistema les proporciona para ejercer un control sobre sus actuaciones.
Del mismo modo como cargo público deberá responder en los medios de comunicación o en los juzgados a las acusaciones que sobre ella recaigan, y no utilizar dinero público para ejercer presiones o, incluso para secuestrar voluntades, ya sea vetando a medios de comunicación o chantajeando a la oposición con dedicaciones ya sea como sucedió al comienzo de la legislatura o con el reciente caso del compañero Joaquín.
Aunque no conocemos las circunstancias concretas de toda esta situación, pero lo cierto es que hay víctimas evidentes, por un lado las personas implicadas, por otro la ciudadanía a la que se oculta información. Si la Presidenta firma un decreto como Presidenta, de ninguna forma será un asunto interno de la Diputación, aunque fuese incluso por una cuestión personal o particular de algún miembro de la Corporación, un decreto es un documento público, y toda acción que tome es pública, y si no hay transparencia por las buenas tendrá que haberla por las malas. 
Por eso hoy aprovechamos para pedir que nos devuelvan las instituciones a la ciudadanía, porque no son ni pueden ser propiedad de nadie por mor de un puñado de votos cada cuatro años, por más que se empeñen en recordarnos que las urnas les legitiman, lo único que les legitima es hacer las cosas bien.

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